Reforma de pensiones: ¿un alivio o un salvataje al sistema privado?

¿Cuál es el propósito de un sistema previsional? Un sistema previsional equitativo y eficiente garantiza la seguridad financiera y el bienestar del adulto mayor.

Sin embargo, en el Perú, esta meta está lejos de cumplirse. De aproximadamente 6 millones de personas mayores de 65 años, solo 2 de cada 10 reciben una pensión de jubilación.

La situación se agrava debido a los bajos ingresos laborales y al elevado empleo informal, lo que impide que muchos afiliados, tanto del sistema público como del privado, cumplan con los requisitos para acceder a una pensión mínima. Además, en muchos casos, las pensiones resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Un estudio de la Universidad del Pacífico explica que el modelo previsional tradicional estaba basado en seguros sociales de contribuciones tripartitas: aportes del empleador, del trabajador y del Estado. Estos estaban vinculados a los ingresos salariales y administrados en un fondo colectivo y solidario, bajo un esquema de reparto. En el Perú, la administración de este fondo estaba a cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS).

A partir de los años 90, más de 29 países, incluido el Perú, adoptaron sistemas obligatorios de contribuciones financieras definidas. Chile fue pionero en 1980, seguido por Gran Bretaña en 1988, y luego el Perú en 1992. En este contexto, se implementó un pilar privado obligatorio basado en fondos individuales de capitalización, gestionados por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), siguiendo un modelo muy similar al chileno.

No obstante, el sueño de una pensión digna y justa bajo este modelo privatizado ha quedado lejos de concretarse. El esquema iniciado en Chile y promovido por el Banco Mundial ha demostrado ser inadecuado para la heterogeneidad de los países de América Latina. En lugar de cumplir con las promesas de la reforma estructural, este sistema ha dejado a muchos sin una cobertura adecuada, evidenciando la necesidad de una revisión y adaptación que considere las realidades económicas y laborales de cada país.

Carmelo Mesa-Lago señala que muchas de las expectativas en América Latina sobre la privatización de pensiones han quedado en simples sueños. Contrario a lo esperado, la población económicamente activa no se expandió debido a los incentivos del sistema privado; al contrario, se contrajo. Además, los gastos administrativos, que supuestamente disminuirían por la competencia, se mantienen elevados: en Bolivia y El Salvador hay solo dos AFP, y en la mayoría de los países existe un oligopolio. En el caso del Perú, el sistema tiene el segundo costo más alto entre los nueve sistemas privados de pensiones en América Latina.

Se esperaba que el pago de contribuciones mejorara gracias al incentivo de la cuenta individual; sin embargo, solo la mitad de los afiliados contribuye en promedio, y en el Perú la proporción es aún menor. También se proyectaba que las pensiones privadas serían mucho más altas que las públicas, pero en la realidad las tasas de reemplazo son bajas, incluso en Chile, el país pionero en este modelo.

En el Perú, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha cumplido tres décadas desde su implementación, y sus resultados son claramente negativos. Aunque cuenta con cerca de 9 millones de afiliados (8,948,255), menos de la mitad realiza aportes (3,597,532 personas). Lo más preocupante es que este sistema solo otorga pensiones de jubilación a 74,234 personas. En comparación, el sistema privado de Chile tiene 1,394,000 pensionistas, y el de Colombia más del doble que el Perú.

En este contexto, han surgido diversas propuestas de reforma al sistema de pensiones en el país, que plantean retos importantes. Estas incluyen:

• Universalizar la pensión mínima.

• Incrementar progresivamente las pensiones para que se ajusten a la canasta básica familiar.

• Incorporar a los trabajadores independientes y del sector informal.

• Reconocer e incluir el trabajo de cuidado.

• Fomentar una mayor competencia entre las AFP e incorporar más entidades del sistema financiero.

• Establecer que las comisiones de las AFP se calculen en función de la rentabilidad generada.

• Restituir el aporte del empleador.

  
  

Estas propuestas buscan construir un sistema más justo, inclusivo y sostenible para garantizar una jubilación digna a todos los peruanos.

Lamentablemente, este año el Congreso aprobó una nueva ley de pensiones, promulgada el 24 de septiembre por el Poder Ejecutivo como Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Esta norma ha sido fuertemente cuestionada por diversos sectores y especialistas. Además, su aprobación se dio en un contexto de nulo debate en el Pleno del Congreso, con solo 38 votos a favor, mientras muchos congresistas estuvieron ausentes o se opusieron a continuar la votación debido a la falta de discusión sobre el tema. Resulta, al menos, preocupante que el Poder Ejecutivo decidiera promulgarla a pesar de las críticas generalizadas.

Entre los principales cuestionamientos técnicos a esta ley destacan su impacto fiscal, la falta de sostenibilidad en el tiempo y, sobre todo, las restricciones impuestas a los trabajadores en cuanto a la disponibilidad de sus fondos de pensiones al momento de la jubilación. En concreto, los nuevos afiliados y aquellos menores de 40 años no podrán disponer del 95.5% del total de su fondo de pensiones al jubilarse.

Por otro lado, la llamada "pensión por consumo" ha sido duramente criticada por ser engañosa. Este mecanismo propone un máximo de S/ 412 anuales, lo que resulta insuficiente frente a un consumo promedio proyectado de S/ 41,200 al año. Además, este esquema termina beneficiando principalmente a las personas de mayores ingresos, quienes concentran su actividad en las AFP. En otras palabras, la medida resulta en un mecanismo de financiamiento para las AFP.

En términos individuales, la pensión por consumo es ínfima. Por ejemplo, si una persona gasta más de S/ 42,000 al año, recibiría S/ 34.3 al mes como pensión adicional. Sin embargo, las familias de menores ingresos, que ganan menos de S/ 2,000 al mes, no suelen consumir todo dentro de la economía formal. Para ellas, el ahorro proyectado sería de apenas S/ 60 al año, muy lejos de los S/ 412 máximos.

Otro aspecto preocupante es que la ley estipula que el aporte por consumo será administrado por el SPP a través de una cuenta especial, posiblemente sujeta al pago de comisiones. Esto implica que, incluso si el máximo ahorro es de S/ 412 anuales, las AFP cobrarán comisiones, lucrando con el consumo de los ciudadanos, algo particularmente injusto para los más vulnerables.

En conclusión, esta "reforma" no es más que un salvataje al sistema privado de pensiones, realizado a costa de los derechos de los trabajadores y de las pensiones de todos los peruanos. La ley no solo mantiene el criticado esquema de las AFP, sino que además incrementa la carga para el Estado al financiar pensiones que deberían ser sostenibles por sí mismas.

A pesar de esta situación, se han presentado propuestas para contrarrestar esta ley, incluyendo una de mi autoría (Proyecto de Ley 9061-2024/CR). Sin embargo, será necesaria una activa participación ciudadana para defender el derecho a una pensión justa y lograr una reforma previsional que verdaderamente beneficie a todos los peruanos.