ONGs denuncian ante la OCDE cambios a Ley de APCI en Perú

Por Redacción El Salmón

Representantes de 29 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Instituto de Defensa Legal (IDL) y redes de pueblos indígenas peruanos, han elevado una carta a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), expresando su profunda preocupación por las recientes modificaciones a la Ley 27692, que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Estas enmiendas, aprobadas por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano el 5 de junio, son consideradas una amenaza directa a la defensa de los derechos humanos en el país.

La carta, enviada por el IDL en nombre de las demás organizaciones, fue dirigida a la Secretaría de la OCDE y a los puntos de contacto nacional de 12 miembros de la organización. Las organizaciones firmantes advierten que las modificaciones propuestas resultarán en una sobrerregulación de las entidades que reciben cooperación internacional, otorgando al Estado un control excesivo y arbitrario sobre aquellas que defienden los derechos humanos y promueven mejoras en las políticas públicas. Según los firmantes, el lenguaje amplio e impreciso de las enmiendas podría ser utilizado para perseguir a las ONG bajo pretextos de fiscalización y considerar cualquier uso “indebido” de fondos internacionales como una grave infracción, sin el debido proceso legal.

“Estas modificaciones legales permiten al Estado controlar de manera arbitraria a las organizaciones que defienden los derechos de las poblaciones excluidas, afectando seriamente el derecho a la libertad de asociación y expresión”, señalan los representantes en la carta. Además, alertan sobre la creación de una base de datos de organizaciones involucradas en activismo político, lo cual podría considerarse ilegal si se utiliza financiación internacional para intentar reformar políticas públicas.

La carta subraya que estas reformas ocurren en un contexto de creciente restricción del espacio de la sociedad civil en Perú, donde las ONG y las organizaciones indígenas son estigmatizadas y criminalizadas por su labor en defensa de los derechos humanos. En este sentido, AIDESEP, la organización nacional de pueblos indígenas amazónicos, ha condenado públicamente las modificaciones, describiéndolas como una herramienta para disolver organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos.

Las organizaciones firmantes también destacan que el Estado peruano, en su búsqueda de adhesión a la OCDE, debería comprometerse con la libertad individual, la democracia, el Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos. Las recientes modificaciones a la Ley 27692 son antidemocráticas y contrarias a estos principios.

En sintonía con la posición de varias embajadas y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las organizaciones instan a la OCDE a exigir al Estado peruano la reversión de estas enmiendas para cumplir con la hoja de ruta de adhesión y asegurar un entorno que proteja los derechos humanos.

Finalmente, las organizaciones anuncian que comunicarán estas preocupaciones a las principales empresas de la OCDE que operan en Perú y a los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, destacando que las modificaciones crean un contexto desfavorable para el cumplimiento de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales en materia de derechos humanos.