Nuevo proyecto de ley pretende criminalizar protestas ciudadanas

Una nueva ley amenaza con silenciar las protestas pacíficas en Perú. El Gobierno busca endurecer las penas contra los bloqueos de vías, equiparándolos con actos de terrorismo. Esta medida, contenida en el Proyecto de Ley 9085-2024/CR, inicialmente presentado para combatir el sicariato, ha desatado una ola de críticas y generado una profunda preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales.

El aspecto más controvertido de la propuesta radica en la modificación del artículo 200 del Código Penal. Según el proyecto, quienes "obstaculicen vías de comunicación o impidan el libre tránsito" podrían ser sancionados con penas de hasta 35 años de prisión y ser considerados "terroristas urbanos". Esta equiparación ha generado alarma, pues criminaliza una práctica históricamente utilizada por sectores marginados para visibilizar sus demandas y forzar al Estado a atender sus reclamos.

"El Gobierno está colocando una espada de Damocles sobre los manifestantes”, advierte Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). Ruiz señala que la propuesta no distingue entre acciones violentas y bloqueos pacíficos, poniendo en riesgo el derecho constitucional a la protesta.

El bloqueo de vías públicas ha sido históricamente una herramienta utilizada por sectores marginados para visibilizar sus demandas. En Perú, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas, estas protestas han sido clave para forzar al Estado a atender reclamos de larga data. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque estas manifestaciones generen inconvenientes, forman parte del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales.

Ruiz subraya que la protesta social tiene un carácter disruptivo por naturaleza: “Su razón de ser es incomodar y hacer visibles las demandas de aquellos que no tienen otra forma de acceder al poder”. Este tipo de manifestaciones ha sido vital en el pasado reciente, especialmente en conflictos mineros y agrarios, donde comunidades afectadas por megaproyectos han recurrido a estas medidas para defender sus derechos.

Preocupación internacional

La propuesta de endurecer las sanciones y calificar los bloqueos como extorsión y terrorismo ha causado una ola de críticas en el ámbito internacional. Organismos de derechos humanos han señalado que esta medida podría abrir la puerta a un abuso de poder por parte del Estado, utilizando la ley para reprimir cualquier forma de disidencia. Amnistía Internacional y otros actores han advertido que el proyecto amenaza con restringir el espacio democrático en el país.

¿Un futuro incierto para la protesta en Perú?

El avance del proyecto de ley ha generado un debate profundo sobre los límites del derecho a la protesta en Perú. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una respuesta necesaria para garantizar el orden público, críticos temen que sea utilizada para sofocar manifestaciones legítimas. "No debemos confundir el derecho a la protesta con actos de vandalismo", concluye Ruiz, advirtiendo que la falta de distinciones en el proyecto podría generar una persecución indiscriminada.

Con este proyecto, el Gobierno parece estar declarando la guerra a las protestas sociales. ¿35 años de cárcel por bloquear una calle? ¿Acusaciones de terrorismo contra quienes exigen justicia?