La economía en medio de una crisis institucional y de inseguridad
El último dato alrededor de la inflación es negativo en términos mensuales, y las autoridades políticas y económicas -así como periodistas económicos [no economistas]- no demoraron en hacer “vivas”; pero, ¿qué esconde este dato duro y dónde interviene la inseguridad en la ecuación?
La quinta economía más grande de Latinoamérica en términos de producto anota una ralentización en el crecimiento que golpea demanda, y como consecuencia la aparición de un sistema de precios cuya dinámica es lenta; en medio, una crisis política e institucional en simultáneo acompañada de una escalada de inseguridad.
Deflación y economía: falta de respuesta
La inflación ataca el bolsillo de los más pobres vía una variación en el índice de precios al consumidor [IPC] que avanza y provoca la pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales, sobre todo de hogares de bajos a ingresos medios.
No obstante, una inflación ajustada –en simultáneo- golpea la billetera de familias pobres porque es síntoma de que la economía no crece, no responde; al menos al ritmo como debiera avanzar.
La fiebre es señal de alerta, nadie lo duda; pero es sinónimo de que el cuerpo humano reacciona ante una infección: así actúa –en determinados casos- la variación del IPC, señalando una trayectoria o respuesta alcista en términos de crecimiento del PBI real vía demanda agregada.
Y decantando ello en más empleo e ingresos: los “glóbulos blancos” de una economía débil y vulnerable.
De acuerdo con la autoridad estadística de la economía andina, la inflación –a nivel nacional- para el mes de septiembre ató de un recorte de -0,12% interanual; en lo corrido del año, la inflación nacional ató de +1,72% interaño; y para el acumulado doce meses a septiembre, la variación del IPC ató de +1,49% interanual.
Todos, datos débiles en función a la trayectoria de la demanda y el consumo advierten economistas y firmas gestoras de activos consultados desde Frankfurt; y que solicitaron confidencialidad por operar fondos en materias primas, entre ellas minerales.
Para la zona urbana o Lima Metropolitana, según el rector estadístico local, la inflación -en el noveno mes del año- ató de un ajuste en negativo de -0,24% interanual; el indicador corrido del año enero a septiembre, en +1,86% interaño; y la lectura doce meses anualizada en Lima Metropolitana, ató de +1,78% interanual.
“El Perú es un país que basa su crecimiento en inversión privada y esta se ha ausentado en el 2023 y caso similar fue en 2024; el país no crece como debe y en ello influye una situación política complicada”, advierten economistas y firmas gestoras de activos desde la capital financiera de Alemania en reserva.
“[Por tanto] no es una buena noticia una baja inflación, al menos con estas condiciones de crisis política e inseguridad en el país sudamericano”, añaden las fuentes.
Para el Banco Central de Reserva [BCR], el país crecerá en 2024 alrededor de +3,1%; no obstante, economistas y firmas gestoras señalan que el dato estimado es “optimista” pues no creen que el PBI real avance más de 2,9% a 2,9% en este año.
Para Juan Carlos Odar, de Phase Consultores y con datos adelantados, la manufactura primaria caerá; compensando ello la manufactura no primaria.
A propósito de un mesurado crecimiento a agosto, el Primer Ministro Gustavo Adrianzén publicó –desde su cuenta de X- un post a través de una extraña gráfica que ningún economista desentrañó.
Inseguridad y estrategia
Perú ata de una alta cuota de crímenes leídos desde una ola de extorsiones, sicariato y secuestros que –solo en la capital, Lima- ha significado prácticamente la paralización de comercios y microempresas que componen el 98% de la fuerza comercial en el país andino.
Con datos de gremios, más de S/ 35 000 millones es el costo de “la inseguridad al Perú al año, ello explica el 3,5% del PBI”.
Según la Cámara de Comercio de Lima y la CONFIEP “se estiman en más de S/ 6 000 millones las pérdidas económicas por este delito [de extorsión]”.
Solo el 8 de octubre –informa el diario La República- “fueron cometidos siete asesinatos en menos de 12 horas”.
Para el analista de datos, Juan Carbajal, y con información del Sistema de Información de Defunciones [SINADEF, al 10 de octubre], “El Perú acaba de superar, en lo que va del 2024, el total de homicidios registrados en todo el 2023”.
“El 2024 será el año con la mayor cantidad de homicidios registrados en los últimos ocho años”, dice.
“La inseguridad se ha convertido en la mayor preocupación de los peruanos, afectando nuestra calidad de vida y frenando el crecimiento económico”, advierte el economista Víctor Fuentes del laboratorio de ideas Instituto Peruano de Economía [IPE].
La respuesta –dicen expertos, economistas y medios independientes- del Ejecutivo [cuya popularidad roza el 5% según sondeos a mitad de octubre] no se ha ubicado a la altura del reto.
“El malestar era evidente encuesta tras encuesta, pero el diagnóstico del Gobierno y sus aliados es tan arrogante como simplón”, advierte el politólogo Eduardo Dargent.
El Congreso [con 5% de aprobación, según encuestas], ha diseñado leyes –más bien y de acuerdo con expertos, economistas y medios independientes- “que disminuyen el margen de maniobra de la policía y fiscalía para perseguir y acusar a delincuentes, respectivamente”.
“[El] 87% de peruanos informados cree que la modificación de la Ley de Crimen Organizado obstaculiza los esfuerzos de la policía y fiscales en la lucha contra el crimen”, confirma una encuesta de IPSOS.
Lo cierto es que –aclaran expertos, economistas y medios independientes- esta ola de violencia “es transversal a toda la economía”, atacando no solo a pequeños y microcomerciantes sino a otros segmentos como educación; no dudando los sicarios -por ejemplo- en asesinar en plena puerta de un colegio, a un maestro.
Propuestas
Si queremos crecer por encima de 3% en 2024, el cuatrimestre septiembre a diciembre tendría que avanzar 3,8 a 3,9% y no existe fortaleza -desde la productividad de factores- que aporte al avance; menos desde la generación de empleo formal sostenible y prolongado vía actividad privada.
Demanda y consumo bajos y seguirán bajando, inversiones privadas –lo dicho- nulas desde 2023 y se pondrá peor en 2024 a 2025 de seguir inseguridad ciudadana; sumemos gasto público de baja gama.
La deflación implica crecer tarde, con torpeza y tímidamente. No es para emocionarse una inflación negativa [tampoco para denostar], pero el análisis debe ser más fino que una portada o discurso en modo LinkedIn.
Déficit fiscal se dispara cerca de 4% del PBI pese advertencias recurrentes. Presión tributaria debe estar en 20% del PBI: estamos en 13 a 15% del PBI. Los bajos ingresos fiscales lo explican.
Esta situación –económica y alrededor de la inseguridad ciudadana- nos obliga a diseñar iniciativas de corto y largo plazo.
De momento, creación de mesas multisectoriales de lucha contra violencia urbana. Pedir –pese al cliché de la frase- “un paso al costado” a los actuales cuadros en Interior y desmontar al alto mando policial actual.
Esta mesa de diálogo y coordinación debe ser ciudadana, urbana y empresarial.
Derogar leyes pro criminalidad y crear una fiscalía 2.0 “anti extorsiones”, reperfilando el papel del Ministerio Público en este tipo de delitos: en suma, especializarlo.
No a las fuerzas armadas [FFAA] en las calles; solo añadir a las fuerzas móviles terrestres de la naval y sus batallones de infantes, donde la tropa [alrededor de 35 mil efectivos según la institución], puede operar movilizándose con mayor rapidez que el ejército [100 mil efectivos].
Lo anterior probó su eficacia en México, sobre todo en Tampico: una de las ciudades más violentas del país norteamericano.
Contratistas externos en seguridad e inteligencia.
Y política pública de largo aliento a propósito de la capacitación de nuevos cuadros dentro de la policía nacional: más jóvenes, más comprometidos, con un espíritu de largo plazo, con una identidad, con un ethos; que accedan a una versión nueva del Instituto de Altos Estudios Policiales y de la Escuela Superior de Policía con una maestría en seguridad e inteligencia ciudadana.
Reactivar la Guardia Republicana con armamento automático visible en las calles.
Servicios de delivery normados –con seguimiento vía cámaras y licencias de conducir exclusivas para tal fin- y placas de motos codificadas.
Diseño de una verdadera política migratoria que proteja al inmigrante que deseé trabajar y no al que delinque.
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“¿El Perú no puede parar?”, pregunta la politóloga Patricia Paniagua –desde su red social X- a propósito del discurso de determinados actores de la sociedad; ello, para después decantar en un enérgico pronunciamiento de Paniagua:
Bien, el país ya paró.
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