El fallo histórico de la ONU: una victoria para las víctimas de esterilización forzada en el Perú

Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), siente el peso de un largo camino hacia la justicia finalmente reconocido. "Este fallo lo logramos para nosotras y para todas las mujeres víctimas de esterilización forzada", expresa con emoción contenida. Su lucha de décadas ha sido refrendada en un fallo sin precedentes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, que ha declarado formalmente que la política de esterilización del gobierno de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000 violó los derechos humanos fundamentales de miles de mujeres peruanas.

El programa de esterilizaciones: un oscuro capítulo de la historia peruana

En la década de 1990, el gobierno de Fujimori implementó un programa de "salud reproductiva" bajo el auspicio de reducir la pobreza y controlar la natalidad en las áreas rurales. A través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, se impulsaron esterilizaciones en masa, presentadas como una medida para combatir la pobreza. Sin embargo, detrás de esta retórica de "desarrollo" se escondían prácticas coercitivas que marcarían para siempre la vida de alrededor de 300,000 mujeres y 22,000 hombres, la mayoría de origen quechua y de zonas rurales vulnerables.

Numerosos testimonios y documentos revelan que muchas mujeres fueron llevadas a la fuerza, o bajo amenazas, a centros de salud donde les realizaron ligaduras de trompas sin su consentimiento, sin anestesia adecuada y en condiciones insalubres. Para cumplir con metas impuestas por el gobierno, los médicos recibían presiones y recompensas por cada esterilización realizada. Informes oficiales han indicado que los funcionarios de salud que no cumplían con los objetivos de esterilización enfrentaban represalias laborales.

Un largo camino hacia la justicia

Durante décadas, las víctimas intentaron ser escuchadas por las instituciones nacionales. Muchas mujeres sufrieron en silencio, enfrentando graves secuelas físicas y psicológicas, así como la estigmatización de sus comunidades, y la falta de acceso a un sistema de justicia que les reconociera. Aunque varios gobiernos sucesivos prometieron investigar y sancionar estos abusos, la impunidad prevaleció en las investigaciones en Perú, donde el caso estuvo enredado en procesos judiciales dilatados y, en algunos momentos, completamente detenido.

Fue en 2015, bajo presión de organizaciones de derechos humanos y tras décadas de lucha, cuando el Estado Peruano admitió por primera vez la responsabilidad en algunos casos de esterilización forzada, y el Ministerio Público reabrió las investigaciones. Sin embargo, las resoluciones fueron parciales y los responsables nunca fueron llevados a juicio. En ese mismo año, el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) fue creado, aunque con un impacto limitado debido a la falta de recursos y de voluntad política.

El fallo de la ONU y las nuevas exigencias para el Estado peruano

El fallo de la ONU marca un antes y un después en esta historia de impunidad. Al reconocer que el programa de esterilizaciones violó los derechos de estas mujeres, el Comité CEDAW de la ONU ha exigido al Estado peruano una serie de medidas. Estas incluyen indemnizaciones adecuadas, asistencia psicológica para las víctimas y sus familiares, y la implementación de un programa de reparaciones integrales. Además, la ONU insta al Estado peruano a profundizar las investigaciones, identificar a los responsables y asegurar que las víctimas reciban justicia.

Para AMPAEF y las miles de mujeres que representa, este fallo es un triunfo simbólico y moral, pero también es un reto. "No es solo una victoria legal; es una afirmación de nuestra dignidad y de nuestros derechos", declaró Zúñiga. Aunque el camino legal avanza, las víctimas aún enfrentan desafíos reales para lograr que el fallo de la ONU se traduzca en medidas concretas y efectivas en el Perú.

Una lucha que sigue

Este fallo internacional llega en un momento de inestabilidad política en el país, lo que añade una capa de complejidad a su implementación. Las víctimas y sus aliados ahora se organizan para diseñar estrategias junto con los abogados que las representan, entre ellos los abogados chilenos Christian Berndt y Mario Candia de la organización Justicia y Reparación. Estas estrategias incluyen convocar a ministerios claves como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para asegurar que el fallo de la ONU no sea ignorado.

"Sabemos que el camino aún es complicado —como lo ha sido estos 27 años—. El contexto del país está plagado de incertidumbre", advirtió Zúñiga. Sin embargo, con el respaldo de una decisión histórica de la ONU, su mensaje es claro: "Debemos seguir unidas y fuertes".

Las esterilizaciones forzadas en el Perú fueron un crimen que marcó a generaciones. Este fallo de la ONU reescribe, en parte, un capítulo doloroso de la historia del país, ofreciendo a las víctimas la posibilidad de reconstruir sus vidas con dignidad y justicia. Ahora, la presión está sobre el Estado peruano para cumplir su parte y cerrar, de una vez por todas, esta herida abierta.