Condenan a 28 años de cárcel a asesinos de Alto Tamaya Saweto
Tras casi una década de espera, las viudas e hija de los líderes indígenas Jorge Ríos Pérez, Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, finalmente han recibido la tan ansiada justicia. El 13 de junio, el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali condenó a 28 años y 3 meses de cárcel a José Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Segundo y Josimar Atachi Félix por el asesinato de los líderes de la comunidad Alto Tamaya Saweto en 2014.
Los líderes ashéninkas fueron brutalmente asesinados por defender sus territorios de la tala ilegal. La sentencia, dictada en primera instancia, representa un paso importante en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos indígenas en la Amazonía peruana.
Sin embargo, la lucha aún no ha terminado. Las viudas y familiares de los líderes asesinados han denunciado que han recibido amenazas y hostigamiento por parte de los condenados y sus allegados, quienes aún se encuentran en libertad. Exigen que se les otorgue medidas de protección policial y que se vigile de cerca el proceso en segunda instancia.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) también ha hecho eco de estas demandas y ha pedido a las autoridades que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las viudas y familiares. Además, han exigido la orden de prisión preventiva para los asesinos libres.
Cabe destacar que la Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un informe el 14 de junio instando al gobierno peruano a tomar medidas urgentes para proteger a las familias de los líderes indígenas y prevenir la violencia contra este sector de la población. El informe recomienda la realización de investigaciones rápidas sobre la violencia contra líderes indígenas, la protección de la vida y el bienestar de las familias de los líderes asesinados, y la implementación de medidas para prevenir la violencia contra las personas indígenas y sus defensores.
Este caso emblemático no solo representa un triunfo en la búsqueda de justicia para los líderes indígenas asesinados, sino que también envía un mensaje claro a los perpetradores de estos crímenes: la impunidad no será tolerada. Se espera que la sentencia sirva para disuadir futuros ataques y para garantizar la protección de los derechos de las comunidades indígenas en el Perú.
La lucha por la justicia y la defensa de los derechos indígenas continúa. Se espera que las autoridades peruanas acaten las recomendaciones de la OIT y tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades indígenas en el país.
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