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Activismo político

Foto del escritor: Gonzalo Gamio GehriGonzalo Gamio Gehri
13 ene





1.- Nuestra “clase política” y los alcances de la crisis


No recuerdo haber sido testigo, como ciudadano peruano, de un proceso de descomposición ética y política tan grave como el que actualmente padece mi país. Una alianza conservadora que reúne lo peor de la derecha y de la izquierda conduce el gobierno y dirige el Congreso del Perú. Nuestra (autodenominada) “clase política” produce leyes que favorecen al crimen organizado, benefician a las economías ilegales y promueven la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos humanos[1].


Los actores del gobierno y del poder legislativo se han encargado de proteger a los partidos políticos de toda persecución judicial y se han asegurado el control de la mayoría de instituciones autónomas, incluidas la Defensoría del Pueblo y (parcialmente) el Tribunal Constitucional; ahora están esforzándose por tomar las riendas de facto de los organismos electorales. Impera entre los protagonistas de esta trágica historia la prepotencia, la corrupción, la mediocridad y la simple y llana incompetencia.  


Las presuntas conexiones entre el crimen organizado y las actividades de la mayoría de nuestros políticos parecen hacerse más evidentes cada día que pasa[2]. La prensa está investigando la existencia de una supuesta red de prostitución que anidaría en el propio Congreso de la República. Una de las personas involucradas en el caso ha perdido la vida tras un salvaje atentado. De manera similar, un empresario implicado en un caso de corrupción del programa Qali Warma, que ha arrastrado al propio ministro del sector y a otros funcionarios públicos, habría sido asesinado el mismo día de Navidad.


Esperemos que las indagaciones de la Fiscalía vayan esclareciendo estos terribles hechos, pero numerosos ciudadanos se preguntan si acaso algunas personas con poder están recurriendo al homicidio para silenciar voces incómodas que pudiesen delatar sus fechorías. Esta hipótesis está todavía en el nivel de conjetura, pero va fortaleciéndose rápidamente en la mente del ciudadano a partir de la evolución de las investigaciones. La desconfianza frente a las acciones de las fuerzas del orden y ante el desempeño de las propias autoridades políticas es moneda común entre nosotros y genera una sensación de desamparo e inseguridad.


Los políticos en actividad están abocados a la tarea de sacar del escenario público a cualquier potencial contendor en la campaña electoral del 2026. Algunos ex funcionarios del Estado han sido inhabilitados en el ejercicio público por diez años en virtud de acusaciones cuestionables solo por el hecho de ser eventuales aspirantes a la presidencia de República. En las últimas semanas, los congresistas han retomado el proyecto de aprobar una norma que le otorga al Estado el poder de controlar o desactivar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el Perú. Se trata de una ley de carácter persecutorio, solo comparable a normas que están hoy vigentes en Venezuela, Nicaragua, Rusia y en otros regímenes iliberales. Este proyecto busca registrar aquellas instituciones que promuevan alguna forma de activismo político, vale decir, las acciones conducentes a escudriñar organismos públicos y a “modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales”[3].


El fraseo es extraño y bastante discutible, pero la expresión “activismo político” parece aludir aquí a la discusión y el planteamiento de alternativas en torno al diseño de políticas de Estado e incidencia en la sociedad.  Como se sabe, las ONG han contribuido a lo largo de décadas a la educación ciudadana, a la defensa de los derechos humanos, el cuidado del ecosistema, la exploración de las condiciones del desarrollo humano, el estudio de las relaciones interculturales y del multilingüismo, etc. Se trata de asuntos relevantes para el cultivo de las libertades y la búsqueda de bienestar para las comunidades del país ante una frecuente situación de ausencia del Estado, así como un creciente desinterés de nuestras “élites” respecto del estudio y la repercusión social de estos temas.


En el estrecho imaginario de buena parte de nuestra “clase política”, todas estas importantes actividades y debates caen bajo el improvisado rótulo de “activismo político”. Este proyecto de Ley ha merecido el unánime rechazo de numerosos Estados democráticos, entre ellos Estados Unidos, Canadá, así como los Estados que conforman la Comunidad Europea[4]. La medida atenta gravemente contra la libertad de acción y de asociación de los ciudadanos al interior de las instituciones de la sociedad civil.


Hace algunos días, un ex parlamentario, a la sazón secretario general de uno de los partidos presuntamente involucrados en la supuesta red de prostitución que operaría en el seno del Congreso de la República, denunció lo que describe como un intento de algunos medios de comunicación de vincular su organización política con este escándalo[5]. Señaló que algunos organismos de prensa establecen esta conexión con el objetivo de realizar “activismo político”. Usó explícitamente este término. Resulta claro que profundizar en investigaciones que tienen consecuencias para el curso de la vida común es una tarea básica de los medios de comunicación y de otros espacios de construcción de opinión pública. Para el entrevistado, se trataba de estricto “activismo político”; en seguida describió esta disposición y estas acciones como erróneas y malsanas.


2.- Ciudadanía y sociedad civil. La necesidad de recuperar el poder de la palabra y la acción política


2.1. La amenaza autoritaria, otra vez


Según los análisis de medios internacionalmente reconocidos como The economist, el Perú ya no vive bajo un sistema democrático[6]. Nos hemos visto sumidos en un régimen híbrido en el que coexisten precariamente prácticas residualmente democráticas -como convocar periódicamente a elecciones- y decisiones notoriamente autoritarias, como atentar contra la división de poderes, reprimir con extrema violencia la protesta ciudadana o desarrollar una actitud abiertamente hostil ante el trabajo de la prensa independiente. Esta clase de diagnósticos coincide con el punto de vista del ciudadano de a pie, que toma constancia de los retrocesos institucionales, así como del endurecimiento de las posiciones de la “clase política” ante la restricción de libertades sustanciales y la violación de derechos básicos. Es evidente que este régimen híbrido se encamina a uno inequívocamente autoritario.  


Por supuesto, el Perú ha sufrido numerosos gobiernos autoritarios. No obstante, aquí existe una inquietante novedad. Los regímenes de Odría y Fujimori eran dictaduras evidentemente despiadadas y corruptas, pero entrañaban algo parecido a lo que puede ser descrito como un “proyecto político”, es decir, una imagen (en estos casos, retorcida) acerca de cómo debería funcionar el Estado, estructurarse la sociedad y dirigirse la economía nacional de cara a un específico contexto local y global. Este conato de proyecto hacía posible que se organizara, en la otra orilla, una oposición democrática firme al interior de las organizaciones políticas y entre la propia ciudadanía. Lo que tenemos ahora es una alianza conservadora que prospera en medio de la podredumbre moral, el crimen y el desprecio por el conocimiento, que únicamente aspira a durar. La “clase política” que hoy enfrentamos es una caterva de personajes que (salvo honorables excepciones) saben que nunca más tendrán acceso al salario y al poder que hoy tienen, de modo que están abocados a depredar los bienes públicos mientras cuentan con tiempo para ello. No dudan en tomar decisiones y aprobar leyes que los beneficien como individuos y que favorezcan a los grupos de interés (incluidos grupos criminales) a los que sirven. Procuran asimismo no dejar huella de sus actos o garantizar la impunidad frente a los delitos que podrían cometer en el proceso.


Esta situación funesta converge plenamente con el fenómeno descrito como la brutalización de la política. Se trata de una categoría que permitió al historiador George L. Mosse entender el proceso de estigmatización del adversario, la tolerancia a la violencia, así como el descrédito del saber y del pensamiento crítico imperantes entre los años treinta y cuarenta en Europa. Resulta claro que hoy vivimos circunstancias similares a escala nacional e internacional. El politólogo Juan de la Puente es quien trajo estas ideas de Mosse como esquema de lectura de los acontecimientos de nuestra historia reciente, que sindica como propios de un “momento prefascista”[7]. Aunque esta expresión puede ser excesiva, no debemos perder de vista algunas similitudes en cuanto a las mentalidades de los alemanes del período de entreguerras y algunas reacciones y prejuicios de nuestros conservadores criollos.


A juicio de Mosse, el rasgo característico de la política brutal se tradujo en “excitar a los hombres, lanzarlos a la acción contra el enemigo político; insensibilizar a hombres y mujeres frente al espectáculo de la crueldad humana y la pérdida de vidas”[8]. Se calificaba de “subhumano” al enemigo político y se proponía públicamente su persecución y eliminación[9]. Más allá de la distancia histórica, existe sin duda un cierto aire de familia entre aquellos años sombríos y lo que sucede hoy a nuestro alrededor. Y sí, actualmente en el Perú se animaliza al otro y se recurre a un discurso de odio para someterlo. Esta actitud nos recuerda a la del ministro de Educación, quien hace tan solo algunas semanas sindicaba a los peruanos muertos durante las protestas de 2022 como “ratas” cuyos parientes no podrían invocar el sistema de derechos humanos para obtener justicia.


La única forma de combatir este fenómeno consiste en que los ciudadanos apelemos precisamente al “activismo político” que nuestra mayoritariamente limitada y cuestionable “clase política” teme y rechaza. Los ciudadanos somos agentes políticos, tenemos derecho a “modificar las políticas públicas” e influir, cómo no, en las campañas electorales. De hecho, debemos comprometernos con tales acciones para sacar al país del lodazal en el que hoy se encuentra. Por desgracia, parece que no podemos confiar demasiado en los partidos políticos de oposición que están inscritos ya como competidores en las próximas elecciones generales. Sus líderes guardan un vergonzoso silencio, acaso abrigando la esperanza de que esta inacción les permita aprovechar un momento propicio para saltar a la palestra y cosechar algo de popularidad. Este silencio, para muchos ciudadanos, constituye un signo de la falta de coraje y de integridad de quienes pretenden asumir una “resistencia democrática” en medio de la crisis. Una resistencia tal no puede basarse en el cálculo utilitario y en la evasión de la propia responsabilidad frente a los problemas que enfrenta la vida pública.


Bajo las circunstancias actuales, el cuidado de la práxis pública no podremos encontrarlo nítidamente en los partidos políticos -que realmente no existen en cuanto tales, pues se han convertido en meros cascarones que albergan individuos que enarbolan intereses políticos muy puntuales, sin ideología ni una genuina disposición para la movilización o el diseño de programas-, sino en las instituciones de la sociedad civil[10]. Se trata de instituciones intermedias, que se sitúan entre la sociedad y el sistema político, y que pueden constituirse como espacios para la deliberación y la acción común de ciudadanos independientes. Ellos pueden cuestionar las decisiones de sus representantes y exigir que rindan cuentas de su gestión en el Estado. Las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, las iglesias, las ONG, entre otras asociaciones, pertenecen a la sociedad civil. Es un locus para la formación, la discusión y el despliegue del juicio cívico.


2.2. Caminos posibles de ciudadanía


La deliberación pública constituye una práctica esencial al ejercicio de la ciudadanía. Se trata del razonamiento a través del cual los agentes examinamos los motivos, justificaciones y principios que nos permiten elegir cursos de acción en los escenarios de la vida común. Es un proceso de discernimiento que hace posible el entendimiento ciudadano, así como la expresión razonada de desacuerdos en los espacios compartidos. Los ciudadanos recurrimos a la palabra para edificar consensos y disensos como horizonte de acción política. Nos revelamos como usuarios de un lenguaje figurativo, vale decir, un vocabulario rico en argumentos e imágenes que pone de manifiesto las inquietudes, reflexiones y compromisos que, en este caso, nos sirven para enfrentar los conflictos que nos plantea la comunidad política. El filósofo e historiador estadounidense Hayden White nos ha ofrecido una esclarecedora definición –en una clave pragmatista- del lenguaje figurativo, al que concibe como “el discurso ordinario que utilizan los hombres en la vida de cada día para representar, analizar, tomar posesión de su mundo e incluso sostenerlo o cambiarlo”[11].


La acción ciudadana requiere de una cultura de la deliberación. Tanto conservadores como marxistas han argüido que una cultura de tal naturaleza -marcada por el ejercicio del debate público y de la valoración de la palabra- necesita resolver primero problemas de la llamada “justicia estructural” (desigualdades sociales, exclusión socioeconómica, falta de acceso a servicios básicos) para, en un segundo momento, abordar los asuntos relativos a la consolidación de un ethos democrático-liberal. Estoy completamente de acuerdo con que las cuestiones de “justicia estructural” constituyen el reverso de la moneda respeto de la edificación de una cultura política deliberativa y que esas cuestiones ponen de manifiesto graves problemas que deben ser afrontados con un compromiso férreo y con un especial sentido de urgencia para así asegurar la viabilidad misma de nuestra sociedad. Sin embargo, aquí existe una trampa (tanto teórica como de naturaleza práctica) en la que no debemos caer. Se trata de dos niveles de justicia (material y político-cultural) que tenemos que encarar en simultáneo. No podemos descuidar ninguno de estos frentes.


Este es un argumento que he desarrollado con mayor detalle en mi libro La crisis perpetua[12]. La trampa reside en presuponer que es preciso abordar primero uno y luego el otro nivel. Ella sugiere en la práctica que necesitamos dejar los temas de ciudadanía activa para después, lo cual podría implicar soportar largos períodos de dictaduras “benévolas” (de derecha o de izquierda) conducentes a “poner orden” y a “sentar las bases materiales” de la vida social, para llegar (algún día), a establecer una sociedad democrática habitada por ciudadanos que escudriñen críticamente el trabajo de sus autoridades y persigan el autogobierno[13]. Ese día nunca llegará, por supuesto, porque solo será posible construir una democracia practicándola.


Por supuesto, estamos bastante lejos de fortalecer y poner en ejercicio una cultura política basada en la deliberación pública. La edificación de esa cultura política necesita de procesos educativos que promuevan el debate en las aulas y que alienten una ética de la empatía y del discernimiento. El ciudadano requiere asimismo de la adquisición de ciertos saberes puntuales, como el conocimiento de la Constitución y de las leyes, así como de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Debe contar con información fidedigna acerca de la historia de su comunidad política; conocer los procesos de formación de las instituciones, las reglas y los valores públicos que se han ido gestando a través de esa historia[14]. Estos conocimientos, disposiciones y prácticas le permitirán comprender y reconocer situaciones de injusticia y lesiones de derechos, para recurrir a los instrumentos sociales disponibles para denunciarlas y combatirlas en los espacios públicos.


Estas formas de pedagogía ético-política propiciarían que los agentes desarrollen una suerte de memoria muscular que haga posible reaccionar sin demora para conjurar el abuso de poder allí donde este surja. Por desgracia, nuestros políticos actuales han dirigido sus esfuerzos a desmantelar todos los progresos en cuanto a la educación escolar y superior en los últimos años que apuntaban a construir tales excelencias y saberes en el ciudadano. Destruyeron la reforma universitaria y socavaron todo vestigio de meritocracia magisterial. Muchos ciudadanos de buena voluntad han sido testigos de estas acciones en silencio, acaso a causa del cautiverio intelectual producido por aquella trampa ideológica -común a conservadores y marxistas- que he reseñado hace un momento.


La retórica simple de esta trampa está evidentemente en boca de los truhanes que hoy ejercen poder desde el ejecutivo y el legislativo. En su discurso reside el alegato vacío de que su trabajo está al servicio de “reducir las brechas”. En los hechos la cuestión del bienestar social o del bien común ha desaparecido de la agenda de nuestra “clase política”. Nuestros actores políticos dividen simplemente nuestra sociedad en “gobernantes” y “gobernados”, sin instituciones intermedias, vigilancia cívica y acción común. Para ellos, el único mecanismo político es el de la representación.


Desde su perspectiva, los ciudadanos los hemos escogido a través de elecciones libres, de modo que debemos simplemente “dejarlos trabajar”, aceptar sus decisiones y resignarnos a padecer su escandalosa producción legislativa. Cualquier dispositivo de movilización pacífica y cuestionamiento sería, ante sus ojos, mero “activismo político”, en el retorcido y absurdo léxico particular que han improvisado. Nuestros políticos de oficio olvidan que a) ocupan sus lugares en el Estado para actuar temporalmente y en nuestro nombre, de modo que podemos exigir que rindan cuentas de sus actos y someter a crítica su conducta; asimismo, b) la representación no es la única lógica de la actividad política: el ejercicio democrático no se reduce al voto. Los ciudadanos podemos (y acaso debemos) participar directamente en los asuntos públicos como una manifestación de libertad.


Para resumir la idea principal, el cultivo del activismo político constituye un derecho y un deber para los ciudadanos y es una condición necesaria para vivir una genuina democracia liberal. En las circunstancias que hoy enfrentamos, recuperar la práxis cívica es la única solución para acabar con la política brutal y mafiosa que está tratando de arrebatarnos nuestro país y minar nuestra esperanza. Solo si nos movilizamos y actuamos juntos podremos contener la impronta corrupta subyacente al comportamiento de nuestra “clase política”. La alianza conservadora que actualmente dirige el país se fortalece con el desaliento y el sentimiento de impotencia que a veces impiden al ciudadano hacer sentir su voz en el espacio público[15]. La dinámica del poder no reconoce vacíos: si nosotros nos replegamos hacia la escena privada y renunciamos a actuar en público, serán ellos los que harán uso del poder que declinamos ejercer.


Los ciudadanos peruanos tenemos la obligación de regenerar nuestra política y recuperar la entraña moral de nuestro país. Esa tarea nos corresponde: ningún líder carismático lo hará por nosotros. Resulta evidente que no podemos esperar a las elecciones de 2026 para conjurar los males que dañan nuestra vida social. Debemos reconocer el rasgo kairótico del tiempo presente. No somos súbditos, somos agentes libres, sujetos capaces de enfrentar nuestros problemas y tomar las riendas de nuestras propias vidas. Cuando hablamos de “bien común” no nos referimos exclusivamente a un concepto, sino al propósito superior de la política formulado como una héxis, como un modo de vivir. Nos referimos a la posibilidad de perseguir una existencia plena para cada uno de nosotros y para las instituciones en las que vivimos. Aludimos a la capacidad de administrar justa y eficazmente los recursos públicos. Asimismo, nos remitimos a la protección de nuestros derechos y libertades fundamentales, aquellos que nos constituyen precisamente como ciudadanos de una democracia liberal. Como podemos advertir, el logro y el ejercicio de todas estas facetas del bien común requieren ineludiblemente el cuidado riguroso de la acción política.


Referencias



[2] Cfr. Vergara, Alberto “Alianza para el progreso criminal”, La República 5 de enero de 2025 enlace: https://larepublica.pe/opinion/2025/01/05/una-alianza-para-el-progreso-criminal-por-alberto-vergara-107115 .

[3] Dictamen en torno a los Proyectos de Ley Nº 6162/2023-Cr, 6252/2023-Cr, 7140/2023-Cr, 7354/2023-Cr, 7367 /2023-Cr y 7505/2023-Cr, Ley que modifica la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana De Cooperación Internacional – APCI, con la finalidad de fortalecer el trabajo de dicha Institución y contribuir con la transparencia y la supervisión y la ejecución de Los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable.

[6] Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2022. Frontline democracy and the battle for Ukraine  EIU 2002 p. 44. Véase asimismo https://gestion.pe/peru/the-economist-calidad-democratica-de-peru-retrocede-tras-el-fallido-autogolpe-de-pedro-castillo-dina-boluarte-democracia-en-peru-noticia/ .


[7] Véase la entrevista que Juan de la Puente concede a Raúl Mendoza La República, suplemento Domingo 28 de marzo de 2021 en: https://larepublica.pe/domingo/2021/03/28/juan-de-la-puente-la-politica-brutal-ha-terminado-hegemonizando-la-campana/?ref=lre .

[8] Mosse, George L. Soldados caídos. La transformación de la memoria de las guerras mundiales Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza 2016 p. 205.

[9] Ibid, p. 226.

[10] Es evidente que tendríamos que desarrollar una profunda reforma política, en una escala legal tanto como local y propiamente política, para propiciar que los partidos políticos recuperen su condición de lugares potenciadores de acción ciudadana.

[11] White, Hayden “La Lógica de Hegel como Teoría de la Conciencia Figurativa” en: La Lógica de Hegel como Teoría de la Conciencia Figurativa y otros ensayos sobre la filosofía hegeliana Buenos Aires, Prometeo 2021 p. 88.

[12] Cfr. Gamio, Gonzalo La crisis perpetua. Reflexiones sobre el Bicentenario y la baja política Lima, UARM 2022.

[13] Ibid., consúltese la sección primera, tercer capítulo.

[14] Consúltese sobre la pedagogía ética y política Oré, Nicole y Gonzalo Gamio “Universidad y ciudadanía. Una propuesta ético-filosófica desde el modelo de la educación liberal” en: Revista Ciencias y artes 2023 1(3) pp. 23-47.

[15] Debemos tomar en cuenta la brutal represión estatal contra las protestas llevadas a cabo en diciembre de 2022 y en enero de 2023. Estas graves violaciones a los derechos humanos, así como los reiterados intentos de la alianza conservadora por asegurar la impunidad de los responsables, tienen el propósito de minar toda iniciativa de movilización ciudadana.

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